Pero eso está empezando a cambiar. En el último año, los procuradores de justicia de Florida, California y otros estados han empezado a inspeccionar más de cerca la industria de las tarjetas telefónicas, como también la Comisión Federal de Comercio. En octubre, el representante demócrata Elio Engel presentó un proyecto de ley para regularla.
La iniciativa proviene en parte de una fuente inesperada: la enorme empresa de comunicaciones IDT Corp. La compañía con sede en Newark, Nueva Jersey, zanjó en enero su propia demanda colectiva de una década acusada de no haber publicitado explícitamente sus cargos. Ahora encabeza los reclamos de regulación a nivel estatal y federal.
"Lo que nos gustaría ver es una industria honesta, donde todos se atengan a las mismas exigencias que nos hemos impuesto", dijo el titular de IDT, Jim Courter.
Las tarjetas más populares entre los inmigrantes _y las menos probables de cumplir con los minutos prometidos_ son las que ofrecen tarifas superbaratas a países como México, Guatemala, Haití y la India.
Norbert Domínguez de Miami dice que compra unas seis tarjetas de 10 dólares por mes para mantenerse en contacto con su madre y su hija de 4 años en Cuba. Cada tarjeta le promete 18 minutos pero habitualmente le da cerca de 12, dijo.
Eso representa un costo real de unos 83 centavos por minuto en vez de los 55 prometidos. De todos modos, le resulta más barato que la tarifa telefónica típica de larga distancia de 1,15 dólar el minuto.
"Es el medio más barato porque otros son muy caros, pero al final nos están engañando", se lamentó Domínguez.
