Pena Capital
"No tenemos mecanismos legales para obligar a desistir" en ambos casos de que se pida la pena de muerte ni para impedir la extradición, reconoció también el Secretario de Justicia, ya que "son los tribunales los que resuelven en última instancia".
Sin embargo, Justicia de Puerto Rico acudirá a todos los foros necesarios y enviará las cartas oportunas para tratar de evitar que se condene a morir en "en nuestro suelo" o a cualquier puertorriqueño.
Sánchez Ramos, que calificó la pena de muerte como un castigo "innecesario y en última instancia inmoral", anunció también la creación de un comité de expertos para diseñar estrategias dirigidas a cambiar las leyes federales en cuanto a la pena máxima.
El coordinador de la CPCPM, Edgardo Román, expresó su "alegría" por este compromiso del Estado que se ha logrado "como pueblo", que hará que "disminuyan las posibilidades de que un convicto enfrente una pena de muerte" y que se renueven los esfuerzos "con este derecho fundamental que es el derecho a la vida".
Uno de los últimos casos en Puerto Rico en el que la fiscalía federal pedía la pena de muerte fue contra Carlos Ayala López, que el 27 de octubre de 2006 fue sentenciado a prisión de por vida por el asesinato de un agente federal.
Su madre, Esperanza López, se encontraba hoy entre los miembros de la CPCPM durante el anuncio en la secretaría del Departamento de Justicia estatal.
López recordó que el día de la sentencia a su hijo se comprometió a "estar en cualquier parte del mundo para luchar contra la pena de muerte" porque "jamás debemos permitir que nos maten a un puertorriqueño, eso es una barbarie y la nación americana (EE.UU.) está bien atrasada".
Los presentes en el anuncio subrayaron que "el pueblo de Puerto Rico" recibió el pasado 19 de enero el premio "Encendiendo la Antorcha" de la Organización Nacional Contra la Pena de Muerte de EE.UU. por su histórica lucha abolicionista.
El último puertorriqueño ejecutado, en Florida, fue Ángel Nieves Díaz, el 13 de diciembre de 2006.
Terra/EFE