¿A la cárcel?
El gobernador canceló sus actividades públicas del jueves y empleados del palacio de gobierno de la Fortaleza aseguraron que se encontraba en su residencia en compañía, entre otras personas, de su madre, Elba Vilá.
Su abogado Thomas Green calificó las acusaciones como una "intromisión sin precedentes" de las autoridades federales en los asuntos internos de Puerto Rico. Green dijo que se enteró de las acusaciones el jueves temprano cuando un representante de la fiscalía estadounidense en la isla lo llamó a Washington para informarle.
"No he tenido oportunidad de revisar la acusación, pero es particularmente desconcertante que esta acusación surja tras tres años de investigación, dos gran jurados, en el medio de un año electoral, de hecho, a sólo meses de las elecciones", dijo Green en una declaración escrita divulgada por el palacio de gobierno de La Fortaleza.
"Esta es una intromisión sin precedentes y sin mérito del gobierno federal en los asuntos y el proceso electoral del Estado Libre Asociado" de Puerto Rico, agregó.
Las acusaciones son resultado de una investigación de un gran jurado federal que se extendió por más de dos años y que examinó donaciones a las campañas políticas del ex comisionado residente y hoy mandatario.
Los acusados se exponen a penas de cárcel de entre tres y 10 años, según Rodríguez.
Entre los restantes acusados, figura el ex tesorero del PPD Ramón Velasco, con ocho cargos; la ex funcionaria de finanzas del PPD Luisa Inclán, cinco cargos; Jorge Velasco, con cuatro; Ricardo Colón, cuatro cargos; el recaudador en Filadelfia Cándido Negrón, tres cargos; el empresario Miguel Nazario, tres cargos; José González Freire, de Panamerican Grain, tres cargos; Edwin Colón, dos cargos; Salvatore Avanzato, presidente de la empresa Dental One, un cargo; el recaudador Robert Feldman, un cargo; Marvin Block, un cargo, y Eneidi Coreano, un cargo.
"Esta investigación continúa", advirtió Rodríguez.
Según medios locales, el gobernador podría recibir hasta 20 años de cárcel.
Terra/AP
