Fiscalía de Colombia captura primo presidente Uribe

BOGOTA (Reuters) - La Fiscalía de Colombia capturó el martes al ex senador Mario Uribe, primo del presidente Alvaro Uribe, después de que Costa Rica le negó una solicitud de asilo al político investigado por sus presuntos nexos con paramilitares en medio de un escándalo en el Congreso.

El ex presidente del Senado y uno de los hombres más cercanos al mandatario colombiano se había refugiado en la embajada de Costa Rica en Bogotá después de que la Fiscalía ordenó su arresto.

"La cancillería considera improcedente el asilo del señor Mario Uribe Escobar," dijo un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica emitido en San José.

Después de la negativa del Gobierno de Costa Rica, funcionarios de la Fiscalía ingresaron a la sede diplomática y posteriormente sacaron al ex legislador en un vehículo con vidrios oscuros, fuertemente escoltado por la policía y en medio de gritos de "asesino, asesino" de manifestantes.

Mario Uribe, quien fue senador del Partido Colombia Democrática, renunció a su investidura de legislador luego que la Corte Suprema de Justicia lo vinculó en septiembre del 2007 al proceso de la denominada "parapolítica" y el caso fue asumido por la Fiscalía.

"La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, sin sustitución, ni excarcelación, en contra del ex senador Mario Uribe por el delito de concierto para delinquir por acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley," dijo un comunicado.

"Uribe es investigado por una reunión que sostuvo con el ex cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias 'Pitirri', en noviembre de 1998," precisó la Fiscalía.

El político fue trasladado a la sede de la Fiscalía en donde fue reseñado y sometido un examen médico y el miércoles será trasladado a una cárcel del sur de Bogotá, dijo una fuente del organismo investigador.

DOLOR PRESIDENCIAL

El presidente Uribe admitió que la orden de captura contra su primo le duele, pero que continuará cumpliendo sus obligaciones con responsabilidad.

"La medida de aseguramiento contra el senador Mario Uribe, me duele. Asumo este dolor con patriotismo, sin mengua en el cumplimiento de mis responsabilidades, con el interés único de proteger las instituciones, protección que además depende de los titulares de las otras ramas del poder público," dijo el mandatario en un comunicado.

Expertos en derecho y políticos consideraron que con el pedido de asilo el primo del presidente buscaba evadir a la justicia colombiana, pero que solo contribuyó a aumentar el escándalo de la "parapolítica" a nivel internacional.

"La figura del asilo no puede desnaturalizarse, está prevista para personas perseguidas por sus opiniones políticas," dijo el ex fiscal Alfonso Gómez.

"Estaría orientado (el asilo) a neutralizar la acción de la justicia en Colombia," opinó.

Más temprano el martes, grupos que representan a las víctimas de los paramilitares se concentraron frente a la embajada de Costa Rica en Bogotá y con ataúdes de cartón y fotografías de personas asesinadas por esos escuadrones pidieron que se le niegue el asilo al político.

Con el arresto ascendió a por lo menos 32 el número de congresistas y ex legisladores privados de libertad, mientras que más de 30 adicionales son investigados por acusaciones de haber hecho acuerdos con paramilitares o de recibir apoyo financiero o logístico para ser elegidos con votos de regiones controladas por esos grupos armados ilegales.

La mayoría de legisladores investigados y en la cárcel son aliados del presidente Uribe, quien mantiene una popularidad de más del 80 por ciento pese al escándalo y a la crisis.

El mandatario, considerado como el principal aliado de Estados Unidos en América Latina, ha descartado la posibilidad de revocar al Congreso y convocar a nuevas elecciones como lo piden sus opositores.

Los paramilitares aparecieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla.

Estos escuadrones, acusados de obtener millonarios ingresos del narcotráfico y de cometer las peores violaciones a los derechos humanos, se desmovilizaron en medio de un acuerdo de paz con el Gobierno en el que más de 31.000 combatientes entregaron las armas.

(Escrito por Luis Jaime Acosta; Reporte adicional de John McPhaul en San José; Editado por Silene Ramírez)

Terra/Reuters