América Latina
Por Carlos Alberto Quiroga
LA PAZ (Reuters) - Los polémicos referendos de autonomía que convocaron cuatro departamentos de Bolivia no provocarán una división del país, sino que forzarán un diálogo entre el Gobierno del izquierdista Evo Morales y la oposición conservadora, afirmaron el miércoles analistas.
El 4 de mayo, Santa Cruz, capital económica del país y bastión de la oposición, votará una propuesta de estatuto autonómico que incluye desde poderes para crear impuestos hasta para establecer una policía propia, en un paso hacia la desintegración de la nación según Morales.
Pero, de acuerdo con analistas, la sangre no llegará al río y el desafío que lanzaron los distritos opositores busca sentar las bases para negociar con el Gobierno cambios a una reforma constitucional que otorga más poder a la mayoría indígena y da marco legal a una nacionalización de los recursos naturales.
Además, los referendos convocados carecen de legalidad, por lo que los estatutos que de ellos salgan no serían aplicables.
"Habrá necesariamente un proceso de mutua acomodación entre nueva Constitución y estatutos autonómicos," dijo el analista y senador opositor centrista Carlos Bohrt en una reunión con corresponsales extranjeros.
"El hecho político será que el 5 de mayo habrá una élite política cruceña con mucho oxígeno en los pulmones mientras el Gobierno habrá perdido por lo menos un pulmón," sostuvo, al presentar un estudio sobre el proyecto de nueva carta magna.
En tanto, el analista independiente Carlos Alarcón, coautor del estudio, apuntó que, si el Gobierno y la oposición hacen una lectura correcta de la realidad y deciden dialogar, Bolivia podría tener compatibilizados y vigentes en unos cuatro meses la nueva Constitución de Morales y los estatutos de autonomía.
Los cuatro referendos regionales de autonomía, entre el 4 de mayo y el 22 de junio, se han convertido en el principal instrumento de la oposición conservadora para bloquear la "refundación" de Bolivia pretendida por el presidente indígena Morales mediante una Constitución "plurinacional."
El mandatario izquierdista y su aliado el venezolano Hugo Chávez han comparado al movimiento autonomista de Santa Cruz con el proceso de independencia de la provincia de Kosovo, en la antigua Yugoslavia.
IMPOSIBLES DE FRENAR
Bohrt y Alarcón consideraron "imposibles de frenar" los referendos, dando por hecho que Santa Cruz, el rico distrito gasífero de Tarija y los amazónicos Beni y Pando tendrán pronto estatutos de autogobierno que, aunque inaplicables, serán armas muy fuertes de negociación con el Gobierno.
"La capacidad de presión de los estatutos va a ser grande, lo que va a llevar al Gobierno a modificar el proyecto de nueva Constitución," aseguró Bohrt.
Morales, quien rechaza los estatutos por supuestamente ser ilegales y divisionistas, ha denunciado que las demandas departamentales son alentadas por sectores conservadores que quieren mantener el actual régimen agrario de grandes latifundios, especialmente en Santa Cruz.
Aunque el Gobierno ha dicho que está dispuesto a revisar todo el proyecto de nueva Constitución, los líderes regionales parecen haber apostado a posponer un diálogo hasta después de los referendos, haciendo inútiles hasta ahora las gestiones de la Iglesia Católica para un acercamiento inmediato.
Según los analistas, sería necesario modificar un centenar de los poco más de 400 artículos de la nueva Constitución aprobada en diciembre pasado por una asamblea dominada por el oficialismo, para responder a diversas observaciones realizadas por sectores políticos y sociales.
"Los asuntos de más discrepancia son las autonomías indígenas y el régimen de la tierra, porque en torno a ellos están las posiciones más firmes," dijo Alarcón.
Observó que las autonomías indígenas establecidas en el proyecto tendrían más atribuciones que las autonomías de los departamentos y plantearían inclusive el riesgo de una discriminación a favor de los pueblos "originarios" en desmedro del resto de la sociedad.
En materia de tierras señaló que debería producirse una negociación de competencias que evite choques entre la administración nacional y las regiones.
Bohrt dijo que los departamentos autonomistas tendrán dos caminos para poner en vigencia sus estatutos: uno corto, de compatibilización con el proyecto de nueva Constitución, y otro largo, de reforma de la actual Constitución que demoraría cuatro años "en el mejor de los casos."
"El camino corto parece lo más probable, (pero) las regiones tendrían que entender que la nueva Constitución reconoce autonomías, pese a todo, y se puede modificar, mientras la actual Constitución no las reconoce," añadió.
(Por Carlos Alberto Quiroga)
Terra/Reuters