Zapatero y Rajoy, acuerdo frente a ETA y discrepancias en la economía

23/7/2008 - 15:26(GMT)

María Luisa González Madrid, 23 jul (EFE)- El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición conservadora, Mariano Rajoy, lograron hoy recomponer un frente común en la lucha contra ETA, en una reunión en la que sus distinta visión de la situación económica fue la principal discrepancia.

La entrevista, de poco más de dos horas, fue la primera de esta legislatura y se produjo en una atmósfera distinta a las anteriores, presididas todas por la fuerte tensión existente en el primer mandato de Zapatero entre el Gobierno y el Partido Popular (PP) de Rajoy.

La estrategia a seguir frente a ETA, que busca por las armas desde hace mas de cuarenta años la independencia del País Vasco de España, fue la causa principal del permanente enfrentamiento en la anterior legislatura, marcada por un fallido proceso de diálogo con la banda terrorista.

Zapatero y Rajoy dieron cuenta ante la prensa del acuerdo alcanzado para aunar esfuerzos en la lucha contra ETA.

Cinco principios regirán su cooperación: "la unidad de los demócratas y una estrategia contra el terrorismo compartida; el apoyo a las víctimas; la confianza en el Estado de Derecho y el respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"La reafirmación de que el único destino de ETA es desistir de la violencia, que nunca jamás, la violencia, conseguirá ningún objetivo político; y la cooperación internacional como una tarea compartida", resumió Zapatero.

Rajoy hizo hincapié en el principio de que "el terrorismo no tiene vías políticas", en alusión a su rechazo a cualquier eventual proceso de diálogo con la banda.

Las medidas a favor de las víctimas incluyen la obligación de que todas las administraciones públicas adopten disposiciones para la retirada de escudos, insignias o placas con nombres de calles y plazas que enaltezcan a los terroristas.

También se abordará una reforma en la legislación penal para evitar situaciones que puedan afectar a las víctimas cuando los terroristas salgan de prisión y puedan instalarse en las inmediaciones de sus domicilios, por ejemplo.

La modernización de la Justicia fue otro de los acuerdos.

Según Rodríguez Zapatero, además de la renovación en septiembre de la composición del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los tribunales y juzgados, y del Tribunal Constitucional, se procederá a "una incorporación masiva de las nuevas tecnologías" en los juzgados.

Este asunto fue destacado por Rajoy, que dijo que permitirá que todos los juzgados estén interconectados y evitar que se repitan cifras como las de 2007, que concluyó "con dos millones y medio de pleitos pendientes y 270.000 sentencias en el ámbito de lo penal sin ejecutar".

El endurecimiento de las penas que se aplican a los delitos sexuales, especialmente cometidos contra niños, y la creación de un registro de pederastas, son otros acuerdos alcanzados.

Rajoy dijo que en el apartado de la Justicia hubiera querido "cambios más ambiciosos".

Las mayores discrepancias se manifestaron en el ámbito de la política económica, con el trasfondo de la desaceleración.

"Yo pienso que hay que tomar medidas urgentes para atajar la crisis, porque creo que hay una crisis económica, y el presidente del Gobierno cree que no", señaló Rajoy tras declararse "muy preocupado" por la actitud del Gobierno.

Zapatero por su parte reiteró "un principio de confianza en la economía española, que está atravesando un periodo de dificultades, pero que es fuerte" y defendió sus criterios de actuación para afrontar la situación, que serán, dijo, "austeridad y solidaridad".

Ello se traduce en "ser rigurosos con las cuentas públicas en los presupuestos de 2008 y 2009" y en "el mantenimiento de nuestro sistema de protección social, de bienestar social, para ayudar a aquellos sectores que se ven más afectados por el frenazo de nuestra economía".

Para Rajoy, la receta pasa por limitar el crecimiento del gasto público en un 2 por ciento en 2009, un plan de austeridad de las administraciones, además de reducir el impuesto de sociedades aplicable a las pequeñas y medianas empresas y las deducciones por compra de vivienda para aliviar a los más de 8 millones de españoles con hipoteca.

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Terra/EFE